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Ley de Servicios de Pago – Plazos de devolución

LSP

La principal afectación de la ley para las empresas se centra en el ámbito de los plazos de devolución, aunque la ley regula otros aspectos importantes vinculados a la relación de las empresas con las entidades financieras.

La Ley 16/2009 de 13 de noviembre de Servicios de Pago entró en vigor el pasado 3 de diciembre de 2009, como transposición de la Directiva 2007/64/CE sobre Servicios de Pago.

Esta ley es de aplicación directa a todo el territorio nacional e indirectamente también a través de las leyes nacionales de aquellos países de la UE (más Noruega, Islandia y Liechtenstein) que hayan transpuesto la directiva europea a su legislación interna.

La principal afectación de la ley para las empresas se centra en el ámbito de los plazos de devolución, aunque la ley regula otros aspectos importantes vinculados a la relación de las empresas con las entidades financieras. Trataremos en primer lugar de manera muy somera estos otros aspectos para centrar luego la exposición en los plazos de devolución.

Es necesario antes de nada resaltar cuáles son los objetivos que persigue la Ley de Servicios de Pago (en adelante, LSP):

  • Garantizar que los pagos realizados entre los países del ámbito de la UE (transferencias, adeudos directos, pagos con tarjeta) se efectúen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los estados miembros.
  • Incrementar la seguridad jurídica en el ámbito nacional y transfronterizo, con la creación de normas comunes que establezcan un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y usuarios y aumenten la transparencia del mercado.
  • Aumentar la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir, en un mercado integrado (SEPA – Single Euro Payments Area).

Respecto a los impactos de la LSP en el ámbito de relación empresa-proveedor de servicios de pago, destacamos por su importancia, a título meramente enunciativo y haciendo mención al beneficio para las empresas, los siguientes:

  • Valoración de los apuntes en cuenta: la fecha valor debe coincidir con la fecha contable. Esto implica por ejemplo que el beneficiario de una transferencia disponga de los fondos con mayor rapidez.
  • Gastos compartidos: en toda prestación de servicios de pago, excepto los correspondientes a conversión de divisas, tanto la entidad del ordenante como la del beneficiario pueden cobrar los gastos originados a sus clientes. Con anterioridad todos los gastos los pagaba el ordenante. A pesar de esta norma, en España no es práctica común de las entidades financieras cobrar a los clientes beneficiarios de transferencias.
  • Mayor sencillez, seguridad y eficiencia en la realización de transferencias internacionales.
  • Mayor información de los gastos relativos a las diferentes operaciones de pago a efectuar en cada momento, así como mayor detalle en los documentos contractuales de las tarifas a aplicar en cada tipo de transacción de pago.

Una vez realizada esta breve mención de aspectos básicos de la LSP, vamos a centrar la exposición en lo que puede ser la principal afectación para las empresas en sus relaciones comerciales: los plazos de devolución. La premisa básica es la necesidad de las empresas de gestionar y obtener las autorizaciones necesarias para poder girar los recibos derivados de sus relaciones comerciales. Lo que hasta la fecha era un uso o una costumbre no recurrente en todos los casos, ahora se convierte en imprescindible para evitar devoluciones inesperadas de recibos.

En este ámbito, la afectación material de la LSP son todas las operaciones de cobro/pago con presencia física o no de recibos comerciales / de servicio (N58-anticipo de créditos comerciales, N32-anticipo de recibos comerciales, descuento de recibos físicos, N19-recibos domiciliados de servicios).

En función de la existencia o no de orden de domiciliación y del contenido de ésta, podemos hablar de tres plazos de devolución diferentes (5 días, 58 días, 13 meses).

¿Cuándo se aplican cada uno de estos plazos? La LSP introduce el concepto de operación autorizada. Se entiende por operación autorizada aquella en que existe el consentimiento del deudor al cargo (artículo 25 de la LSP). Basándose en esto, el artículo 33 de la LSP que reproducimos parcialmente por su importancia establece:

"El ordenante tendrá derecho a la devolución por su proveedor de servicios de pago de la cantidad total correspondiente a las operaciones de pago autorizadas (…) siempre que se satisfagan las siguientes condiciones:

  • Cuando se dio la autorización, ésta no especificaba el importe exacto de la operación de pago.
  • Dicho importe supera el que el ordenante podía esperar razonablemente, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato marco y las circunstancias pertinentes al caso".

Basándonos en este artículo, concluimos que existen dos tipos de operaciones autorizadas, con diferentes plazos de devolución:

  • Plazo de 5 días hábiles (por falta de saldo): cuando existe autorización y en ella se especifica el importe exacto de la operación de pago.
  • Plazo de 58 días, cuando existe autorización pero no especifica el importe exacto de la operación de pago y además dicho importe supera el que el ordenante podía razonablemente esperar (básicamente en este segundo caso hablamos de giros de recibos domiciliados N19).

Existe, así mismo, un tercer tipo de operación, no autorizada (no existe documento de autorización), para el que se norma un plazo de devolución de 13 meses.

Entendemos, pues, que para poder protegerse ante posibles devoluciones de recibos es necesario:

  • Disponer de todas las órdenes de domiciliación firmadas por sus deudores:
    • Autorización individual si los recibos derivados de las facturas pueden ser de importes diversos.
    • Detalle del importe.
    • Detalle de la cuenta de adeudo.
  • Disponer de un archivo específico y ordenado que permita su ágil localización si, llegado el caso, hay acreditar que efectivamente se dispone de dicha autorización.