El anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, todavía en fase de tramitación, tiene entre sus objetivos principales favorecer la reindustrialización de España a la vez que potenciar la autonomía estratégica de la industria. A continuación, explicamos los principales hitos de esta norma y algunas de sus novedades más destacadas.
¿En qué consiste la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica?
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que se compone de 78 artículos, pretende reforzar la autonomía de España en recursos estratégicos, modernizar la industria y mejorar su competitividad. Tal y como se señala en su Memoria de Impacto Normativo, sus dos grandes objetivos son los de potenciar la transformación digital y la sostenibilidad ambiental en el sector industrial.
Su base normativa se encuentra en el Plan Industrial del Pacto Verde propuesto por la Comisión Europea en 2023 que tiene como misiones prioritarias mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas e impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática. Tanto la Ley de Industria y Autonomía Estratégica como el Plan Industrial del Pacto Verde apuestan por alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Como señala Elena Carrera Crespo, Directora General de Sostenibilidad y Eficiencia de Banco Sabadell, “España quiere seguir apostando por la inversión en tecnologías limpias y proyectos de energías renovables, posicionándose como un referente. A nivel europeo, tanto el Pacto Verde Europeo como los objetivos de neutralidad climática para 2050 marcarán las agendas, políticas e instrumentos disponibles, como se evidencia, por ejemplo, en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y en el reciente lanzamiento de las líneas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)”.
En el caso de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica cabe citar, además, dos importantes influencias más en su articulado final:
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) desarrollado por el Gobierno con motivo de los fondos europeos Next Generation EU, ya que su elaboración es uno de los compromisos del PRTR dentro del Componente 12. Descubre cómo Banco Sabadell puede ayudarte con los Fondos de Recuperación Europeos.
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La reforma integral de la actual Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio) de cara a incorporar la nueva realidad de la economía española y la integración de un modelo de producción más verde y sostenible.
Para analizar las claves de nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica así como otros retos y desafíos de la industria española, se celebrará en Barcelona los días 15 y 16 de enero la séptima edición del Congreso Nacional de Industria, organizado por el Ministerio de Industria y Turismo, y apoyado por marcas impulsoras como Banco Sabadell, que organizará dos salas de debate:
Modera:
- Xavier Ventura Santamans, Subdirector General y Director Territorial Empresas de Catalunya, Banco Sabadell.
Participan:
- Elena Carrera Crespo, Directora General de sostenibilidad y eficiencia, Banco Sabadell.
- Inka Guixà Fisas, CEO & Board Vice-President, Farga.
- Sergi Gual, Industrial Manager, AC MARCA.
Modera:
- Carlos Dalmau, Director de Internacional, Banco de Sabadell.
Participan:
- Guillem Clofent, Director General, MESPACK, S.L.
- Joan Tristany, Director General, Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas.
- Salvador Solà, Director General, GRUPO GIRÓ.
Las inscripciones son gratuitas y están abiertas al público a través de la página web del Congreso.
¿Cuáles son los principales hitos de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica?
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica impulsa una serie de novedades con respecto a la legislación todavía vigente, ampliando algunos aspectos o, directamente, incluyendo nuevas directrices. Estas son las claves más destacadas de la norma:
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Principios de la actividad industrial. Se amplían los principios que rigen las actividades industriales, incluyendo algunos que no existían como la resiliencia y autonomía estratégica, la descarbonización, la circularidad y la digitalización.
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Impulso de los Ecosistemas Industriales Estratégicos y de los PERTE. Ambos podrán recibir ayudas públicas directas y, en el caso de los PERTE, será posible reconocer nuevos proyectos más allá de la vigencia del PRTR.
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Apoyo institucional a la competitividad de la industria. Tanto el Estado como las comunidades autónomas trabajarán conjuntamente en favor de la industria en áreas como el talento industrial con un especial énfasis en la participación femenina, mejorar los procesos administrativos relacionados con la industria, promover la descarbonización y el uso de energías renovables; y favorecer la apuesta de las organizaciones por la certificación como empresas industriales excelentes.
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Proyectos Industriales Estratégicos. Se institucionalizan y se regulan los Proyectos Industriales Estratégicos siempre que cumplan con uno de estos criterios: las empresas que comanden un proyecto deben ser consideradas estratégicas y disponer de una certificación para la autonomía; las empresas deben tener un volumen de inversión relevante en términos nacionales: o las empresas tengan un volumen de inversión relevante en relación con el tamaño de la economía del conjunto de provincias donde se realiza la inversión.
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Nuevos organismos de gobernanza. La Ley añade nuevas estructuras de gobernanza para el tejido industrial: la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica (definirá las líneas generales de la política industrial de España), el Consejo Estatal de Política Industrial (como un órgano consultivo), la Conferencia Sectorial de Industria y PYME (favorecerá la cooperación entre el Estado y las comunidades y Ceuta y Melilla) y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española (asesorará al Ministerio de Industria y Turismo sobre política industrial).
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Procesos de reindustrialización. Toda empresa que tenga previsto el cierre o la reducción de la actividad en uno o más centros de trabajo, debe comunicar esta circunstancia a la Secretaría de Estado de Industria con, al menos, 9 meses de antelación. antes de materializarlo, informando a la representación legal de los trabajadores.
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Beneficiarios de las ayudas. Las empresas que superen los 6 millones de euros en los últimos 5 años de facturación y sean beneficiarias de ayudas derivadas de la aplicación de la ley están obligadas a mantener su actividad productiva durante 5 años (grandes empresas), 3 años (pymes) o 2 años (pequeñas empresas). Se entenderá incumplida esta obligación si durante dicho periodo se reduce de manera efectiva más de un 65% la capacidad de producción o su plantilla en 500 personas o más (de manera no temporal y sin reinicio de actividad productiva), salvo que se deba a un cambio societario o se produzca una cesión global de activos y pasivos y se siga manteniendo la actividad.
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Bancos de pruebas y de apoyo. Será posible establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto para facilitar la investigación e innovación en la industria.
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Seguridad industrial. La prevención y la limitación de riesgos en toda actividad industrial es clave, por lo que, en caso de riesgo grave e inminente, la Administración podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo.
Tras completar en julio el plazo de audiencia pública, el siguiente paso es el de elevar el anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros para que sea aprobado como proyecto de Ley. Más adelante, una vez se complete el periodo de tramitación parlamentaria, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para darle plena validez legal.
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